La detención de cuatro tucumanos acusados de lavar activos de la organización criminal brasileña Comando Vermelho ha generado inquietudes acerca de los riesgos en que se encuentra nuestra sociedad con respecto a las operaciones ilegales con el uso de plataformas digitales y billeteras virtuales, por un lado, y con los que entrañan las actividades de grupos delictivos dedicados al narcotráfico.
Este caso ha puesto en escena una situación que se venía planteando desde hace al menos cinco años relacionadas con el Comando Vermelho. Se pensaba que el grupo brasileño operaba en la región pero esta es la primera vez que se detectan ramificaciones en el NOA. La investigación se originó en un expediente conocido como “Operación Crypto” que ha derivado en condenas en Buenos Aires y en la que hay aún dos prófugos, uno de los cuales, Clayton Alves de Sousa, es el sospechoso de organizar las operaciones económicas y financieras para tratar de hallar legalidad a dinero proveniente del narcotráfico, estafas y evasión impositiva. Esto se hace mediante empresas fantasma y en este caso, con dos jóvenes tucumanos que involucraron a sus madres en estas maniobras. La operatoria incluía la recepción de activos, su fragmentación y diversificación mediante trading de criptomonedas y un presunto retorno hacia un beneficiario final que era Alves de Sousa. Se habrían lavado U$S 14 millones. Las medidas judiciales recientes incluyeron congelamiento de cuentas, medidas cautelares sobre ocho participaciones societarias, vehículos e inmuebles, allanamientos y detenciones.
Hace pocos días, un abogado especialista en criminalidad económica que vino a dar una capacitación en la Caja Popular dijo que el lavado de activos representa una de las principales amenazas para los sistemas financieros modernos y requiere una respuesta coordinada entre el Estado y los sujetos obligados. Añadió que hoy el narcotráfico representa una de las amenazas más significativas porque genera recursos económicos que buscan ser incorporados a la economía legal. Los sistemas de control tienen precisamente el objetivo de detectar y mitigar esos riesgos, explicó. Esto implica fuertes desafíos tanto para los funcionarios como para los investigadores judiciales, que deben enfrentarse a maniobras trasnacionales, que se llevan a cabo muchas veces en empresas que están fuera del país y en eso las restricciones legales y la burocracia representan demoras para la investigación. Mientras la Justicia manda oficios para pedir informes, la tecnología hoy favorece que se hagan operaciones financieras de todo tipo en el “mundo crypto” con suma facilidad. Además, la falta de recursos humanos y de áreas específicas sobre el tema en la Justicia Federal llevan a pedir constante ayuda a la Procelac, organismo nacional saturado con una realidad de creciente complejidad.
La investigación que lleva adelante la Justicia Federal debería disparar alarmas al respecto y motivar reflexiones sobre lo que se puede hacer, lo que no se puede y las estrategias que se deberían tener ante los ciberdelitos, que van cambiando y planteando constantes desafíos.